Encerrando en la lámpara al genio de la IA
La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se intensificó en América Latina en 2024. Diversos países de la región han estado explorando marcos regulatorios para controlar los riesgos de estas tecnologías sin impedir su desarrollo ni excluir a los países de la economía global. El reciente avance en Brasil de un proyecto de larga discusión parece acercar esa regulación a la realidad.
Pactos mundiales, pero sin todo el mundo
Otro proceso preocupante terminó de manera casi trágica: tras más de dos años de negociaciones, la ONU aprobó el texto final de un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Organismos expertos y activistas alrededor del mundo advirtieron por años que el texto contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos, incluida la falta de salvaguardas suficientes en materia de protección de derechos frente a la cooperación internacional.
Libertad de expresión, siempre bajo ataque
Independiente de las decisiones de ciertos gobiernos, recientes cambios como la compra de Twitter (ahora X) por un magnate controvertido, han complicado aún más el panorama para el ejercicio de la expresión en plataformas privadas. Así, el bloqueo de lo que era Twitter en Brasil levantó preocupación por el efecto aparentemente desproporcionado, como consecuencia de actos de autoridad legalmente tramitados por la falta de colaboración de la plataforma con procesos judiciales. Eso, sin siquiera discutir la decadencia de una plataforma que sigue siendo relevante para una minoría, y su incapacidad de mantenerse como un espacio seguro.
La arbitrariedad para la censura de contenidos en plataformas digitales quedó además validada en México, por medio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el sistema de notificación y retirada, cuestionado por su facilidad para lesionar derechos humanos en línea en nombre del derecho de autor y sin real efecto sobre la “piratería”.
Tecnologías para la vigilancia: un paso adelante, diez atrás
Por otra parte, el ciberpatrullaje se ha consolidado en 2024 como una herramienta de vigilancia estatal en América Latina, presentada como un mecanismo para prevenir delitos pero aplicada también como medio para vigilar discursos críticos. Esta práctica, que implica el monitoreo constante de redes sociales y espacios digitales, permite perfilar usuarios, recopilar información personal y observar la actividad de activistas y periodistas sin salvaguardas legales suficientes.
Salir a la calle tampoco nos aleja del peligro. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina ha seguido expandiéndose en 2024, especialmente en espacios abiertos al público como estadios. Si bien estas herramientas se presentan como soluciones para mejorar la seguridad, han sido criticadas por facilitar el control social y la vigilancia masiva. Su implementación ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables y restringido libertades fundamentales, como el derecho a la protesta.
Contribuyendo y colaborando
En julio de 2024, Derechos Digitales anunció las organizaciones seleccionadas para participar en el primer ciclo del Fondo para la Promoción de los Derechos Digitales (FDD). Este programa fue diseñado como una herramienta para fortalecer las capacidades de las comunidades en la región, sensibilizándolas sobre la importancia de proteger sus derechos en el entorno digital. A través de este fondo, se busca fomentar el desarrollo de iniciativas locales que promuevan un espacio digital más inclusivo, libre y seguro, donde los derechos fundamentales sean respetados y defendidos.
Este fondo se complementa con el ya consolidado Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales (FRR), que en 2024 celebró cinco años de funcionamiento. Desde su creación, este fondo ha permitido canalizar recursos hacia acciones urgentes de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, proporcionando respaldo inmediato a comunidades y activistas que enfrentan amenazas o vulneraciones en línea.
Ambos mecanismos, al operar en conjunto, constituyen un esfuerzo integral para fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos digitales en América Latina. En total, los fondos administrados por Derechos Digitales completaron un año de impacto significativo, apoyando 29 proyectos distintos distribuidos en 14 países de la región, abarcando una amplia gama de temas. Con este modelo de financiamiento, Derechos Digitales continúa impulsando estrategias de defensa y promoción de los derechos digitales, respondiendo a los desafíos urgentes de la región.
Mirando hacia 2025: desafíos y prioridades para los derechos digitales
A medida que nos acercamos a 2025, el escenario global estará marcado por la implementación de acuerdos clave y el desarrollo de procesos internacionales que definirán el futuro de los derechos digitales. La revisión de los veinte años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) será un momento decisivo para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en derechos humanos para el desarrollo digital. Será una oportunidad para insistir en la participación de la sociedad civil y en la necesidad de garantizar la conectividad, sin comprometer libertades esenciales en nombre de la seguridad o el progreso económico.
Al mismo tiempo, se espera que comience la implementación del GDC, en un proceso todavía rodeado de incertidumbres y preocupaciones. La sociedad civil tendrá el desafío de incidir en los mecanismos de seguimiento y aplicación del Pacto, para asegurar que las decisiones adoptadas protejan los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de control o exclusión.
En paralelo, tras su adopción, podría iniciarse la implementación del Tratado sobre Cibercrimen, con implicaciones directas en la regulación de la vigilancia estatal, la cooperación judicial y el intercambio de datos. La vigilancia transfronteriza, el acceso a información privada y las obligaciones impuestas a las empresas tecnológicas requerirán un escrutinio constante para asegurar que los esfuerzos por combatir el cibercrimen no se conviertan en justificaciones para expandir la vigilancia masiva
Con un año electoral en varios países de América Latina, 2025 también traerá desafíos para la estabilidad democrática en la región. Las tecnologías digitales jugarán un papel central tanto como herramientas para la participación política como instrumentos para perjudicar al espacio cívico. Nuestra participación en el proyecto Civic DEFENDERS aparece así como una oportunidad para ejercer nuestra misión junto a organizaciones de todo el mundo.
Al final de un nuevo año de intenso activismo, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de la sociedad civil para liderar cambios significativos y sostenibles. La construcción de un futuro digital justo, inclusivo y democrático dependerá de mantener la solidaridad transregional, de amplificar las voces de la Mayoría Global y de asegurar que los derechos humanos estén al centro de cada decisión que impacte a las tecnologías. Desde Derechos Digitales, seguimos comprometidas a trabajar para ese futuro.
☞ El artículo completo original de J. Carlos Lara lo puedes ver aquí
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