La censura digital en América Latina ha evolucionado. No es que se hayan abandonado bloqueos de sitios o cierres de medios de comunicación, sino que los mecanismos para facilitar la censura han aumentado en diversidad y complejidad. A través de leyes ambiguas, intervenciones técnicas y decisiones de plataformas privadas, tanto gobiernos como empresas están moldeando lo que se puede ver y decir en internet.
Y es que el acallamiento de voces críticas u opositoras es una constante cuya manifestación sigue yendo a la par de la proliferación de canales de comunicación. No solo se trata de restringir la expresión libre en razón de su contenido, sino también de generar miedo y autocensura, especialmente entre periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Con el pretexto de la seguridad o la regulación del contenido, las autoridades y las grandes empresas tecnológicas están definiendo qué se puede decir y qué narrativas quedan por fuera del debate público.
Reglas legales y técnicas para silenciar
Violencia, difamación e intimidación: lo digital es real
La violencia digital ha emergido como una herramienta clave para censurar y acallar voces críticas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQIA+. Desde campañas de acoso sistemático en redes sociales, hasta la exposición no consentida de información personal o material íntimo con fines de intimidación, las estrategias de censura digital han evolucionado para silenciar y expulsar del espacio digital a las opiniones disidentes.
El uso de la violencia digital como mecanismo de censura no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un efecto disuasivo también en quienes observan estos ataques. La percepción de riesgo hace que muchas personas dejen de participar en debates públicos o modifiquen sus discursos para evitar represalias. Pero eso es, también, parte del efecto deseado.
Defensa (y autodefensa) para la libertad de expresión digital
Por cierto, la defensa de la libertad digital en América Latina no puede depender únicamente de la evasión de bloqueos o de respuestas individuales o de grupos de intereses específicos. Es necesario construir un marco de exigencia colectiva que presione por mayor transparencia en las reglas del entorno digital y que garantice condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. La lucha contra la censura digital es, en última instancia, una lucha no solo por el derecho a la información, sino por el ejercicio cotidiano de la democracia y por la construcción de sociedades más justas.
☞ El artículo completo original de J. Carlos Lara lo puedes ver aquí
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