El gobierno australiano presentó el 8 de septiembre el borrador del proyecto de ley Digital Duty of Care, que obligaría a las plataformas de redes sociales a ofrecer a todos sus usuarios mayores de 16 años la posibilidad de desactivar el feed algorítmico. El primer ministro Anthony Albanese lo anunció en una rueda de prensa en Canberra: «Exigiremos a las plataformas herramientas de empoderamiento que den a las personas mayores de 16 años una elección genuina y duradera sobre lo que ven en sus feeds.»
Si la ley prospera, las plataformas estarán obligadas a enviar notificaciones a todos sus usuarios —nuevos y existentes— ofreciéndoles dos opciones: un feed con recomendaciones algorítmicas personalizadas (que requeriría opt-in explícito) o un feed cronológico limitado a los perfiles que el usuario ya sigue. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar 109,2 millones de dólares australianos (≈78,6 millones de dólares, unos 73,9 millones de euros al cambio actual).
¿Por qué Australia y por qué ahora?
Australia lleva menos de un año siendo el país con la regulación de redes sociales más agresiva del mundo. En diciembre de 2025, fue el primer país en prohibir que menores de 16 años tengan cuentas en las principales plataformas —incluyendo Instagram, Facebook, TikTok y X—. Digital Duty of Care es la siguiente capa: no solo protege a los menores de estar en las plataformas, sino que da a los adultos control explícito sobre qué hace el algoritmo con su atención.
La secuencia regulatoria tiene una lógica interna clara. El argumento que los legisladores australianos han desarrollado es que el algoritmo de recomendación no es un servicio neutral: es un sistema diseñado para maximizar el tiempo en pantalla mediante contenido que provoca reacción emocional. Darte la opción de apagarlo equivale a darte la opción de relacionarte con la plataforma en sus términos en lugar de los de la plataforma. El primer ministro añadió que «si no siguen nuestras leyes, enfrentarán penalizaciones significativas».
El acuerdo récord de 17.100 millones de dólares que Meta firmó por los daños a adolescentes apenas dos semanas antes de este anuncio es el telón de fondo inevitable. La conexión entre diseño adictivo y daño documentado ya no es una hipótesis regulatoria: es una conclusión jurídica en varios países. Australia no menciona el acuerdo directamente, pero el timing no es casual.
Qué cambia en la práctica si la ley se aprueba
El mecanismo propuesto funciona mediante notificaciones pop-up. Cuando entras a Instagram, TikTok o cualquier otra plataforma afectada, verías una pantalla que te pregunta si quieres el feed personalizado o el feed cronológico. Sin selección activa, el sistema por defecto sería el cronológico —solo cuentas que sigues, en orden temporal.
Para quien quiera el algoritmo, tiene que elegirlo explícitamente. Es lo contrario de cómo funciona hoy: actualmente el feed algorítmico es el estándar y cualquier alternativa (si existe) requiere buscarla activamente en la configuración de la app. El proyecto de ley exige además que esta elección sea «genuina y duradera»: no un diálogo que se puede descartar con un toque o que vuelve a aparecer cada vez que actualizas la app.
El proyecto tiene un ala más exigente dentro del propio parlamento: los Greens proponen ir más allá y obligar a un opt-in general para cualquier feed basado en IA, no solo para nuevos usuarios. La senadora Sarah Hanson-Young lo formula así: dar a los australianos una elección sencilla sobre si usan feeds algorítmicos, en lugar de dejarlos a merced de sistemas diseñados para mantenerlos conectados.
La ley también contiene disposiciones de protección adicionales, incluyendo prohibición de contenido que promueva trastornos alimenticios, hostilidad hacia la mujer, pornografía, conductas criminales o actividades de riesgo grave. Las plataformas tendrían responsabilidad activa de minimizar y prevenir daño, no solo de responder cuando se les notifique.
La decisión de la UE que declaró ilegal el diseño adictivo de Facebook e Instagram y la primera condena en Los Ángeles a Meta y YouTube por adicción en menores dibujan el mismo mapa regulatorio: los algoritmos de recomendación están bajo escrutinio legal simultáneo en los mercados más grandes del mundo.
¿Funcionará o es otro parche?
El opt-out de algoritmos suena bien sobre el papel. El problema histórico de este tipo de medidas es la implementación. Las plataformas tienen todos los incentivos para diseñar la notificación de forma que la mayoría de usuarios ignoren el opt-out o lo descarten sin leerlo. La diferencia entre un pop-up bien diseñado y uno que tarda medio segundo en cerrarse con el botón «continuar» puede representar el 90% de la efectividad de la ley.
El mecanismo de sanciones añade músculo real si los reguladores están dispuestos a usarlo. Australia debería aprender de la lección de la ley de menores de diciembre de 2025: las plataformas presentaron recursos y las grandes no han implementado la verificación de edad de forma completamente efectiva. La voluntad regulatoria de perseguir el incumplimiento es tan importante como el texto de la ley.
Llevamos siguiendo la regulación australiana de redes sociales desde la ley de menores de diciembre de 2025, y lo que hemos comprobado en cada movimiento es que la velocidad a la que Australia actúa supera la de cualquier otro mercado relevante. Lo que está claro después de ver esa trayectoria en los últimos nueve meses es que este gobierno ha decidido usar la regulación de redes sociales como diferenciador político y está dispuesto a mantener el pulso. Si Digital Duty of Care se aprueba y se hace cumplir, Australia habrá cambiado la pregunta de fondo: ya no «¿cómo limitamos los daños del algoritmo?» sino «¿quieres el algoritmo o prefieres no tenerlo?». Es la pregunta más honesta que ningún gobierno ha formulado directamente a sus ciudadanos sobre el diseño de las redes sociales.
Un dato que los legisladores australianos no han mencionado explícitamente pero que forma parte del contexto: cuando Meta llegó al acuerdo de 17.100 millones de dólares, una de las condiciones incluía implementar protecciones específicas para adolescentes en Australia y luego expandirlas al resto del mundo. Australia exige que esas protecciones lleguen también a los adultos, y que lleguen por la vía de la elección informada en lugar de la configuración enterrada en los ajustes de privacidad. Es una apuesta por la transparencia como herramienta regulatoria, y eso es, por sí mismo, una novedad.
☞ El artículo completo original de Natalia Polo lo puedes ver aquí
