El Reino Unido dispone desde el 29 de abril de 2026 de la base legal para prohibir las redes sociales a menores de 16 años. El problema es que disponer de la ley no es lo mismo que tener la prohibición: son dos cosas distintas, y esa diferencia va a definir los próximos doce meses de política digital europea. La Children’s Wellbeing and Schools Act 2026 fue sancionada por la Corona hace poco más de un mes. Su tercera parte otorga al ejecutivo la capacidad de imponer restricciones de edad o de funcionalidades a través de reglamentos, sin necesidad de tramitar legislación primaria cada vez que una plataforma evolucione. Lo analiza The Next Web en una pieza publicada hoy. Lo que todavía nadie ha decidido es qué plataformas quedarán afectadas, si habrá toques de queda para menores de 16 y 17 años, ni cuáles serán los mecanismos de verificación. Un responsable del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) lo confirmó en una conferencia en Bruselas esta misma semana: no hay ninguna decisión final. La ley existe. La prohibición, todavía no.
Una ley habilitante, no una prohibición directa
La arquitectura jurídica elegida por el gobierno Starmer tiene lógica: en lugar de fijar en la ley primaria una norma rígida que el Parlamento tardaría años en actualizar, el texto crea el marco para que el ejecutivo pueda actuar por reglamento con mayor agilidad. No es un modelo nuevo. La Unión Europea usa el mismo esquema en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) para adaptar las obligaciones de las grandes plataformas sin reformar el texto principal cada vez que aparece una amenaza nueva. Lo que aquí se añade es la dimensión de la infancia: la ley responde en parte a presiones de todos los partidos, después de que el Parlamento rechazara en marzo un texto más ambicioso que hubiera introducido la prohibición directa en la ley primaria. Esa votación se saldó por 307 votos a favor del rechazo frente a 173, lo que ilustra la resistencia parlamentaria a una norma demasiado rígida. El camino hacia el reglamento incluye además la digestión de los resultados de la consulta pública «Growing up in the online world», que recogió opiniones de padres, tutores y jóvenes entre el 2 de marzo y el 26 de mayo de 2026. Sus conclusiones marcarán el tono del texto regulatorio.
Lo que sí anticipa POLITICO según TNW: el objetivo serán funcionalidades concretas más que plataformas genéricas. Las candidatas a restricción son el livestreaming, los mensajes que desaparecen y las herramientas que permiten que adultos contacten directamente con menores sin supervisión parental. Los toques de queda para la franja de 16 a 17 años también están sobre la mesa pero sin formato confirmado.
El espejo australiano: seis meses de prohibición con fisuras evidentes
Antes de redactar el reglamento, el gobierno británico debería leer los datos que llegan desde el Pacífico. Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país del mundo en aplicar una prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Lleva medio año activa y los resultados son suficientemente malos como para prestar atención. Según la Molly Rose Foundation, el 61% de los menores australianos entre 12 y 15 años que usaban redes sociales antes de la prohibición siguen teniendo al menos una cuenta activa. El 70% de quienes intentaron saltarse el bloqueo dice que fue fácil. La prohibición australiana, que ya muestra fisuras significativas en su implementación, sugiere que el problema no es de principio sino de herramientas: los sistemas de verificación de edad actuales son inadecuados para la tarea.
La razón técnica es concreta. Australia apostó por estimación de edad mediante tecnología biométrica, pero el propio estudio oficial encontró que el sistema se equivocaba en dos o tres años. Una herramienta diseñada para bloquear a un menor de 14 puede clasificarle como mayor de 16, y ahí la prohibición pierde toda su eficacia. Evan Spiegel, CEO de Snapchat, ha argumentado que la verificación debería hacerse a nivel de tienda de aplicaciones —App Store, Google Play— para reducir el número de veces que los usuarios ceden datos biométricos a terceros. La idea tiene sentido técnico, pero requiere la cooperación de Apple y Google, que hasta ahora no han dado señales claras de que vayan a asumirlo como responsabilidad propia.
La verificación de edad, el nudo que nadie ha desatado
Este es el punto ciego de toda la legislación sobre menores y redes sociales en Europa. Una verificación robusta exige que el usuario acredite su identidad: documento oficial o escaneo biométrico. En ambos casos la plataforma obtiene más información de la que tenía. Y eso contradice directamente el principio de minimización de datos que rige en el RGPD. No es un problema retórico: es el mismo obstáculo que ha paralizado varias iniciativas similares en Estados Unidos ante los tribunales. Chris Sherwood, director ejecutivo de la NSPCC, la mayor organización de protección a la infancia del Reino Unido, ha advertido que una prohibición sin mecanismos robustos podría empujar a los adolescentes «hacia rincones más oscuros y menos regulados de internet», lo contrario de lo que busca la ley.
Llevo más de una década cubriendo política regulatoria digital en Europa, y es la primera vez que varios países grandes están resolviendo este problema al mismo tiempo con enfoques diferentes. España, que avanza en su propio proyecto de ley de protección de menores digitales, apuesta por una combinación de controles parentales y conversaciones sobre el uso de internet que algunos expertos consideran más efectiva que la prohibición directa. El hecho de que el Reino Unido haya ejecutado ya un piloto con 300 adolescentes para comparar prohibición total, toque de queda nocturno y límite de una hora diaria indica que, por lo menos, alguien está intentando obtener datos reales antes de legislar definitivamente.
Mi valoración
En wwwhatsnew llevamos documentando la evolución regulatoria de las plataformas digitales desde antes de que el Parlamento Europeo presentara sus primeras propuestas para el Digital Services Act en 2020. Pocas veces hemos visto un marco legislativo construido con tanto cuidado arquitectónico y tanta incertidumbre operativa a la vez. Lo que más me convence de la Children’s Wellbeing and Schools Act es precisamente que no es una prohibición. El diseño habilitante —actúas por reglamento cuando tienes las herramientas— es más honesto que fijar en la ley primaria una norma que nadie sabe todavía cómo implementar. Lo que más me preocupa es la distancia entre la voluntad política y la capacidad técnica. Los datos australianos no dicen que la idea sea mala: dicen que las herramientas de verificación de edad son todavía insuficientes. Legislar sobre esa base es construir sobre arena. Lo más estructuralmente significativo de esta semana es que el gobierno Starmer tiene la ley pero ha reconocido en Bruselas que no tiene la respuesta. Eso es raro en política, y en este caso es lo correcto. La pregunta a 12 meses no es si habrá reglamento, sino si cuando llegue habrá tecnología de verificación que lo sostenga. Mi predicción: el reglamento llega antes de finales de 2026, y el primer año de aplicación muestra las mismas fisuras que Australia, lo que acelera la presión sobre App Store y Google Play para que asuman la verificación a nivel de tienda.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice exactamente la Children’s Wellbeing and Schools Act 2026 sobre las redes sociales?
La tercera parte de la ley, que recibió la sanción real el 29 de abril, permite al gobierno imponer restricciones de edad o de funcionalidades a plataformas digitales mediante reglamentos, sin necesidad de aprobar nueva legislación. No fija una prohibición directa ni establece qué plataformas quedarán afectadas. Los detalles —plataformas específicas, franjas horarias, mecanismos de verificación de edad— serán objeto de un reglamento posterior. Aún no hay fecha fijada para ese reglamento.
¿Por qué fracasó la prohibición en Australia si lleva seis meses activa?
La prohibición australiana entró en vigor en diciembre de 2025 y cubre Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X y otras plataformas. El problema no es la ley sino la ejecución: el sistema de estimación de edad basado en tecnología biométrica utilizado para verificar que los usuarios superan los 16 años se equivoca en dos o tres años según los propios estudios del gobierno. En la práctica, el 61% de los menores de 12 a 15 años sigue teniendo al menos una cuenta activa y el 70% de quienes intentaron saltarse el bloqueo lo lograron sin dificultad.
¿Qué alternativas hay a la prohibición directa de redes sociales para menores?
Los expertos en infancia digital y derecho tecnológico proponen tres alternativas principales: verificación de edad a nivel de tienda de aplicaciones (App Store, Google Play) para evitar que cada plataforma recopile datos biométricos de forma independiente; eliminación de funcionalidades adictivas como el scroll infinito, las notificaciones nocturnas y el feed de recomendaciones algorítmicas para usuarios menores de una determinada edad; y sistemas de consentimiento parental granular que permiten a los padres autorizar funcionalidades específicas en lugar de bloquear o permitir el acceso total.
☞ El artículo completo original de Natalia Polo lo puedes ver aquí
