Una carta publicada en la revista Science advierte que la paralización de normas ambientales impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast compromete avances en biodiversidad, acción climática y certeza regulatoria. Los autores de la misiva sostienen que la medida debilita la gobernanza ambiental del país y pone en entredicho su capacidad para cumplir metas internacionales.
La advertencia llega a una de las principales revistas científicas del mundo
La preocupación por el rumbo ambiental de Chile alcanzó esta semana visibilidad internacional. En una carta publicada en Science, los investigadores Juan G. Navedo, Hugo A. Benítez, Cristina Dorador, y Luis Vargas-Chacoff advirtieron que la retirada de 43 decretos ambientales impulsada por el Ejecutivo representa una amenaza para la continuidad de políticas públicas desarrolladas durante varios años en materias como conservación, cambio climático y salud ambiental.
El texto, titulado “Chile’s environmental policy at risk”, sostiene que la decisión adoptada al inicio de la nueva administración no solo afecta procedimientos regulatorios concretos, sino que además instala una señal de inestabilidad institucional en un ámbito que requiere planificación de largo plazo, coordinación intersectorial y cumplimiento sostenido de compromisos internacionales. Según la carta, seis de los decretos retirados fueron reingresados a tramitación, mientras que otros 37 continúan en evaluación.
La publicación se suma a las alertas ya planteadas en Chile por parte de la comunidad científica y recogidas por medios nacionales. Varios investigadores calificaron la medida como “un retroceso sustancial para la conservación”, al considerar que sus efectos podrían ir más allá del ámbito administrativo y repercutir sobre ecosistemas estratégicos, políticas climáticas y herramientas de protección ambiental.
Qué normas están en juego
Uno de los puntos centrales de la carta es el impacto de esta decisión sobre la Ley Marco de Cambio Climático y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Los autores explican que siete de los decretos retirados estaban vinculados precisamente a instrumentos contemplados en esa ley, entre ellos mecanismos como los mercados de compensación de gases de efecto invernadero y disposiciones necesarias para poner en marcha la nueva institucionalidad de biodiversidad.
A juicio de los investigadores, el retraso de estas normas puede debilitar los marcos legales que permiten desarrollar certificados transables asociados a reducción de dióxido de carbono, gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Esa dimensión es especialmente sensible porque conecta la regulación ambiental con mecanismos de financiación pública y privada destinados a apoyar resultados verificables de conservación. Si esos instrumentos se frenan, advierten, también se dificulta cerrar la brecha de financiación para la biodiversidad en línea con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.
En términos prácticos, lo que está en disputa no es únicamente la vigencia de una serie de decretos, sino el andamiaje normativo que permite traducir compromisos ambientales en políticas operativas, incentivos económicos y reglas estables para la acción pública y privada. Esa estabilidad, sostienen, es indispensable para que la transición ecológica no dependa de cambios coyunturales de gobierno.
Salares protegidos y presión por el litio
La carta pone además especial atención sobre los ecosistemas altoandinos. Entre los decretos retirados se encontraban propuestas orientadas a establecer una red de salares protegidos, con el objetivo de resguardar al menos un 30% de estos ecosistemas frente a la extracción de litio, en coherencia con la meta global de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina para 2030.
El punto no es menor. Chile figura entre los países con mayores reservas de litio del mundo, por lo que enfrenta crecientes presiones para expandir la explotación de este recurso en un contexto de demanda global asociada a la transición energética. Sin embargo, los salares son ecosistemas frágiles, con equilibrios hidrológicos delicados y una biodiversidad altamente especializada. Para los autores, cualquier retroceso en su protección supone un riesgo doble: por un lado, para la conservación de ecosistemas únicos; por otro, para la credibilidad del país en materia de sostenibilidad.
Esa tensión entre desarrollo extractivo y resguardo ambiental influiría en la paralización regulatoria, afectando directamente iniciativas de conservación y mecanismos orientados a limitar los impactos de actividades productivas sobre especies, áreas protegidas y salud ambiental.
La continuidad de la política ambiental no debería depender del ciclo político
Más allá del detalle técnico de cada decreto, el mensaje de fondo de la carta es político e institucional: el avance de Chile hacia una economía sostenible no debería quedar supeditado a los cambios de administración. Los investigadores advierten que una gobernanza ambiental robusta exige continuidad, previsibilidad y respeto por marcos regulatorios construidos a lo largo del tiempo, especialmente cuando esos marcos responden a obligaciones legales previas y a compromisos internacionales vigentes.
De hecho, los autores señalan que en 21 de los decretos retirados ya existían plazos establecidos por leyes anteriores para su redacción y promulgación. Si esos plazos no se cumplen sin una justificación explícita, las normas podrían incluso perder fuerza legal. Desde esa perspectiva, el problema no se limita al retraso administrativo, sino que afecta la capacidad del Estado para sostener políticas ambientales basadas en evidencia y con proyección de largo plazo.
La carta plantea que este tipo de reversas resulta difícil de conciliar tanto con el interés social como con los compromisos asumidos por Chile en acuerdos internacionales sobre clima y biodiversidad. En otras palabras, la señal que proyecta el país no solo se observa internamente: también es leída por organismos multilaterales, inversores, empresas y actores internacionales que siguen de cerca la consistencia de su trayectoria ambiental.
Transparencia y certeza regulatoria
Frente a este escenario, los firmantes piden que el Gobierno transparente los criterios con los que está evaluando los 37 decretos pendientes y explique con claridad las razones de sus decisiones finales. A su juicio, una comunicación pública oportuna y fundamentada permitiría reducir la incertidumbre y entregar señales más consistentes tanto a los actores nacionales como a las comunidades internacionales interesadas en la sostenibilidad y la inversión verde.
El llamado apunta a un aspecto clave del debate ambiental contemporáneo: la certeza regulatoria. En un contexto global en el que clima, biodiversidad, inversión y desarrollo productivo están cada vez más entrelazados, la fortaleza de las instituciones ambientales se ha convertido en un factor estratégico. Cuando esa fortaleza se debilita o se vuelve impredecible, no solo se ralentizan políticas públicas; también se erosiona la confianza de quienes deben planificar proyectos, orientar financiación o evaluar el cumplimiento de estándares internacionales.
Más que una controversia administrativa
La publicación de esta carta en Science amplifica una discusión que ya venía instalándose en Chile, pero la sitúa en un plano de mayor alcance. No se trata únicamente de una controversia administrativa sobre decretos retirados o reingresados, sino de una disputa sobre el tipo de gobernanza ambiental que el país quiere sostener en un momento decisivo para su futuro ecológico y productivo.
En un país con ecosistemas únicos, alta presión extractiva y un rol creciente en la economía verde global, la estabilidad de la política ambiental no aparece como un asunto secundario. Para los autores, su debilitamiento compromete simultáneamente la protección de la biodiversidad, la acción climática y la capacidad del Estado para actuar con coherencia frente a desafíos de largo plazo. La advertencia, por tanto, trasciende el caso puntual de los 43 decretos: pone sobre la mesa la pregunta de si Chile mantendrá una política ambiental como política de Estado o si esta quedará expuesta a los vaivenes de cada ciclo político.
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