Seguridad digital ≠ Seguridad nacional
El caso más reciente ocurrió en Venezuela, tras las protestas por los resultados electorales, el monitoreo de redes también fue utilizado para perseguir e intimidar a manifestantes y activistas.
OSINT y ciberpatrullaje: entre la búsqueda abierta y la vigilancia encubierta
Para entender cómo se aplican hoy las prácticas de vigilancia, es necesario observar el uso de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT por sus siglas en inglés) y su implementación en el ciberpatrullaje. La metodología OSINT consiste en recolectar y analizar información pública, como publicaciones en redes sociales, sitios web, imágenes, videos o metadatos, con fines investigativos. Su expansión se debe a que no requiere vulnerar sistemas protegidos: todo está a la vista. Pero esa accesibilidad no implica que su uso esté libre de consecuencias.
Si bien existen usos responsables y útiles de esta herramienta como el de Trace Labs -una organización que usa OSINT en plataformas colaborativas para ayudar a encontrar personas desaparecidas bajo protocolos y fines humanitarios- este tipo de iniciativas son excepcionales. En la mayoría de países de la región, OSINT ha sido adoptado por fuerzas de seguridad bajo el argumento de proteger a la ciudadanía o prevenir amenazas, pero en realidad se usa para vigilar y perfilar a personas críticas del poder, periodistas y activistas. El perfilamiento implica recolectar, clasificar e interpretar datos para construir hipótesis sobre una persona: qué piensa, con quién se vincula o qué podría hacer.
En la región, identificamos que es una práctica que pretende ampararse en la legalidad, pero que en realidad se despliega a partir de interpretaciones arbitrarias de ciertas facultades como la prevención del delito. Estas facultades, originalmente pensadas para otros fines, están siendo extendidas sin regulación específica al ámbito digital, incluyendo la detección temprana de delitos supuestamente vinculados a la actividad de quienes presuntamente desinforman. Este escenario genera una profunda inseguridad jurídica y un efecto amedrentador, dificultando que las personas ejerzan libremente sus derechos en línea.
¿Cómo cuidarnos frente al ciberpatrullaje?
Aunque la responsabilidad principal frente a la vigilancia digital recae tanto en los Estados como en las plataformas y empresas que permiten o ejecutan estas actividades, también es cierto que históricamente grupos de la sociedad civil hemos generado estrategias de autoprotección para sobrevivir en entornos hostiles. Protegernos significa responder con conciencia crítica y cuidado colectivo mientras exigimos marcos legales que limiten la vigilancia y garanticen nuestros derechos en línea.
Cuando la idea es publicar fotos desde un lugar específico, es recomendable esperar algunas horas o días antes de subirlas, así no se revela la ubicación en tiempo real. Además, se sugiere conversar con contactos y amistades sobre la importancia de no etiquetar ni compartir datos privados sin previo consentimiento. Por otro lado, es importante considerar la selección de una foto de perfil que no sea fácilmente rastreable, ya que existen herramientas OSINT que permiten buscar imágenes en otras plataformas y vincularlas con la identidad de las personas usuarias. Por último, aceptar solo solicitudes de personas que realmente resulten conocidas, ya que muchas veces el ciberpatrullaje empieza con perfiles ficticios que buscan establecer contacto directo.
La vigilancia no es cuidar, es poner en riesgo nuestros derechos
Estas actividades se despliegan sin reglas, sin control y sin justificación pública, y eso ha permitido que se normalicen prácticas autoritarias bajo la retórica de la seguridad. En esta parte del mundo, donde muchas democracias son frágiles y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al Estado es débil, el uso de estas tecnologías crece sin transparencia, sin debate público y con una preocupante opacidad.
Los Estados adquieren herramientas de monitoreo de redes sociales mientras persisten -y en algunos casos se profundizan- las barreras para acceder a información básica sobre su licitación, adquisición, funcionamiento, responsables, bases de datos involucradas y el gasto público asociado. Incluso cuando la sociedad civil ha recurrido a solicitudes de acceso a la información, muchas autoridades se amparan en argumentos de seguridad nacional para obstaculizar el escrutinio democrático.
¿Con qué criterios se decide comprar tecnologías a empresas extranjeras como las israelíes, cuestionadas internacionalmente por su papel en la vigilancia masiva?
Proteger no puede seguir siendo un argumento aceptable para la vigilancia masiva, mientras la ciudadanía, la misma a la que supuestamente se quiere cuidar, se siente más vigilada que segura. Estas prácticas suponen riesgos concretos para la libertad de expresión -especialmente en contextos de protesta social o frente a discursos críticos o incómodos- al generar estigmatización, autocensura e incluso incitación a la violencia contra quienes son catalogadas como opositoras. A la luz de los casos expuestos, queda claro que la vigilancia no es protección: es poder sin control.
☞ El artículo completo original de Gaston Wahnish lo puedes ver aquí
No hay comentarios.:
Publicar un comentario