Los problemas principales son tres: primero, que hay una definición muy estrecha de "administración pública", siendo que una buena ley de transparencia debería referirse a toda la información que posee el gobierno; segundo, que hay demasiadas y amplias excepciones en el proyecto; tercero y no menos importante, que la ley no reconoce como un derecho el que los ciudadanos tengan acceso a la información de su gobierno.
Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia anual del Open Government Partnership en Brasilia, y están disponibles (en castellano con un poco de acento) en Vimeo: Entrevista [02:17] »
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