La Coordinadora Nacional de Atención en VIH/Sida región del Maule, a través de Michael Díaz, presentó un Recurso de protección contra el Ministerio de Salud. Esto, por considerar la Campaña nacional de prevención de VIH/Sida una política pública insuficiente, y por tanto, errada.
Exigen la detención inmediata de la emisión de la campaña de comunicación social en VIH-Sida el "Comercial que salva vidas", lanzado oficialmente el pasado 02 de septiembre.
Según la ONG, el Ministerio de Salud no puede garantizar la disponibilidad del dispositivo para la detección del VIH-Sida en los Centros de Salud, ofrecidos mediante la campaña de comunicación social, lo que pone en entredicho toda la política sanitaria, por cuanto, desvirtúa y relativiza, la obligación del estado de garantizar la salud de la población y la vida de los ciudadanos.
En este entendido, la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, le recuerda a la Corte que "la obligación del Ministerio de Salud, no solo se limita a publicitar la existencia de métodos de diagnóstico, sino que debe garantizar que estos se encuentren disponibles," "la no existencia material y física de los test rápidos para la detección del VIH, en la red pública de salud, implica necesariamente una irresponsabilidad y negligencia, además, es un abandono de los deberes que la ley sanitaria mandata a dicha Secretaria de Estado", sostiene el documento al cual tuvo acceso en exclusiva The Clinic.
Desde la ONG agregan que "la campaña de comunicación social en VIH-Sida, "el comercial que salva vidas" presentada en los principales medios de comunicación social del país, genera falsas expectativas en la comunidad" por ello solicitan a la corte que "en el caso que el estado, sea incapaz de suministrar los dispositivos médicos necesarios para brindar la prestación médica ofrecida, corresponde que la autoridad de salud, paralice las campañas de promoción por no dar cumplimiento al mandato especifico que la constitución y en el caso específico la ley imponen al Ministerio de Salud". Sostiene el recurso.
Esto, porque según el Recurso de protección, el hecho que sea una política pública defectuosa pone en peligro el derecho a la vida de la generalidad de la población. Así es como se invocan tres de derechos de la constitución: primero, el Derecho a la vida; segundo, Derecho a la atención de salud; y tercero, Derecho a la igualdad ante la ley.
En el documento al que tuvo acceso en exclusiva The Clinic, se alega que la decisión tomada por el Ministerio de salud de realizar esta campaña sobre prevención del contagio de ITS, constituye una "arbitrariedad en tanto no ha sido consultada con la población de personas viviendo con VIH, sin considerar sus necesidades, y desconociendo los mecanismos de participación establecidos por la ley y otros instrumentos jurídicos vinculantes para las partes, lo que representa una vulneración de los derechos de este grupo de personas, entre ellos los recurrente y sin establecer información adecuada y oportuna respecto a la implementación de esta decisión".
Esto, al no dar cumplimiento a diversas disposiciones de la ley 19.779 que señala explícitamente "que la prevención, diagnóstico y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), constituyen un objetivo sanitario, cultural y social de interés nacional. Para lo cual el estado a través del Ministerio de Salud deberá elaborar e implementar las políticas que propendan hacia dicho objetivo, tendiente a impedir y controlar la extensión de esta pandemia, así como disminuir su impacto psicológico, económico y social en la población".
El artículo 2° de dicho cuerpo normativo señala "que estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando larealidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores".
También esgrimen que tanto para el proceso de diseño e implementación de las campañas de comunicación social en VIH-Sida e ITS correspondiente a los años 2015 y 2017 "se constituyeron comisiones específicas con participación activa de organizaciones de la sociedad civil, quienes mantuvieron una estrecha coordinación con los organismos técnicos del Ministerio de Salud y de la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, SECOM, hecho que no se concretizó y materializó para la creación y puesta en marcha de la campaña comunicacional ´Comercial que Salva Vidas´".
En este sentido, no solo se verían afectadas aquellas personas que se han visto expuesta a una conducta de riesgo, el objetivo potencial perseguido por la campaña, quienes al no ver satisfechas sus expectativas de atención y diagnóstico, se enfrentan a una situación de frustración y posterior desidia con pérdida de confianza en las políticas sanitarias, lo que acentúa el riesgo y la vulnerabilidad de la población, generando una falta de servicio por parte de los Centros de Salud al no ser capaces de captar a una persona eventualmente afectada por el VIH-Sida, lo que minimiza el impacto de toda la estrategia comunicacional perseguida por las campañas de prevención del VIH-Sida en el país.
En definitiva, señalan que la emisión de la campaña vulnera sus derechos, en tanto como política pública resulta errado promover una conducta orientada a la detección del virus cuando en los sistemas públicos de salud no hay acceso ni expedito ni suficiente ni garantizado a los insumos necesarios tanto para realizar los estudios de detección del virus como para elementos que permitan evitar el contagio.
Motivaciones
El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de atención en VIH-Sida, Michael Díaz en dialogo con The Clinic, plantea que la presentación de esta acción judicial, tiene por fin resguardar y garantizar el derecho de las personas a conocer su condición de VIH, por ello considera que a su juicio "la autoridad de salud ha actuado de forma irresponsable y poco seria al promocionar una campaña, cuando no están las condiciones mínimas para garantizar que las personas reciban un servicio de salud, lo que demuestra el desacierto y el fracaso comunicacional de una estrategia diseñada a espaldas de las comunidades afectadas".
El activista agregó que "hemos consultado a las 30 municipalidades de la región del Maule, sobre la disponibilidad del test rápido ofrecido por el Ministerio de Salud, y la respuesta es preocupante, no están las condiciones, lo que nos genera más dudas que certezas respecto a la capacidad que tiene la autoridad de enfrentar el tema del VIH, es evidente que una estrategia de marketing improvisada, no es la solución que espera la ciudadanía, tomando en cuenta las alarmantes cifras de personas infectadas con el VIH".
En estas condiciones, señala el secretario ejecutivo de la ONG, Michael Díaz, "es inviable continuar con una estrategia comunicacional, mientras el Ministerio de Salud, no garantice a la población, que los test rápidos efectivamente se encuentren disponibles en los Centros de Salud del país, ya que el objetivo es permitir que las personas hagan uso de este dispositivo y puedan conocer efectivamente si se encuentran infectadas por el VIH y puedan hacer ingreso oportuno a las terapias para mejorar la calidad de vida y romper la cadena de la transmisión de la enfermedad".
"Esperamos que la Corte paralice la emisión de la campaña hasta que el Ministerio de Salud de las garantías necesarias, en orden a contar con la capacidad de dar respuesta a las expectativas de las personas y disponer de los insumos necesarios en todos los centros de salud, no aceptamos que se juegue con la salud de los sectores más vulnerables usuarios del sistema público de salud" Finalizó el dirigente.
Mira aquí el recurso
Recurso de Protección Contra El Minsal by The Clinic on Scribd
Carta pública de organizaciones
Las organizaciones y activistas con trabajo en VIH/SIDA abajo firmantes, expresaron al Ministro de Salud para expresar lo siguiente:
1.- Preocupación por la exhibición mediante los canales de la televisión abierta de una millonaria "campaña de prevención en VIH/SIDA" que asegura haber convocado a más de 20 mil jóvenes a través de un "casting masivo", instancia donde se filmó un denominado "comercial que salva vidas". Los jóvenes convocados –según se desprende del comercial- fueron sorprendidos por la engañosa iniciativa e invitados a realizarse la prueba del test rápido que detecta reactivos al VIH, sin especificar la cantidad de personas que se efectuaron el test, ni mucho menos aplicación obligatoria de consejería pre y post examen, pero afirmando –confusamente- que el resultado del operativo grabado en los estudios de Televisión Nacional de Chile habría arrojado un "1.1 % reactivos". La denominación "reactivos" es una calificación médica desconocida por la población general por lo tanto de nulo entendimiento público–publicitario.
2.- Confusión porque el "comercial que salva vidas" invita a realizarse el test rápido sin señalar los lugares donde estaría disponible el dispositivo clínico, ni mucho menos una plataforma comunicacional oficial donde se pudiese efectuar consultas e inquietudes. La única información disponible se encuentra en http://bit.ly/2NdX983 donde respecto de los test rápido se señala: "Próximamente se espera esté disponible en los establecimientos de atención de APS de todo el país". Resulta grave e inquietante que la pieza publicitaria del Ministerio de Salud exhiba información tramposa, invitando a realizarse el test rápido pero sin contar con los mismos test en la red pública de salud. El Ministro de Salud al ser consultado en instancias parlamentarias sobre la disponibilidad de los test rápido señaló fechas de llegada solo en algunos lugares, mientras otras autoridades como la Subsecretaria de Salud Pública y los Seremis de Tarapacá y O'Higgins han informado -a través de la prensa- la llegada e implementación de los test rápido en el sistema público de salud entre los meses de septiembre y noviembre de 2018. En este contexto, resulta grave e irresponsable emitir y validar una campaña de interés público que desinforma a la población general, creando una percepción errada respecto a la disponibilidad inmediata de métodos para diagnosticar el VIH en la atención pública de salud como la atención primaria. La crisis del VIH/SIDA en nuestro país es de tal gravedad que no se puede engañar a la población ni mucho menos improvisar en la ejecución de las políticas públicas.
3.- Molestia porque la mencionada campaña de comunicación social no apunta a la prevención del VIH/SIDA e ITS, ni a la educación sexual, siendo lanzada sin previa participación, consulta ni presentación formal a las organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA como lo estable la Ley 20.500 de Participación Social y la Ley 19.779, conocida como Ley de Sida, ambos cuerpos legales vigentes, generando desconcierto, molestia e inquietud en reuniones convocadas por el Ministerio de Salud y en las redes sociales donde se cuestionó abiertamente la campaña comunicacional y el proceder inconsulto e irregular de la autoridad política–sanitaria, calificando la puesta en escena del Ministerio de Salud como un "reality show", un "comercial insípido" o una "campaña con mensaje bomberil", esto último aludiendo al eslogan central de la publicidad: "El comercial que salva vidas".
4.- Rechazo a la pretensión e invitación del Ministerio de Salud de validar la campaña de comunicación social a través de una encuesta pública disponible en la página web del Minsal. Este tipo de participación online no vinculante desconoce el trabajo histórico de colaboración directa de las organizaciones sociales y de las comunidades claves en todos los programas de prevención del VIH/SIDA e ITS.
5.- Reconocimiento al legítimo interés de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que invitaron a las autoridades político-sanitarias a presentar el Plan Nacional de VIH/SIDA e ITS y la mencionada "compaña de prevención". En dos sesiones efectuadas por la Comisión de Salud el pasado 3 y 10 de septiembre, parlamentarios como Karol Cariola, Miguel Crispi y Claudia Mix, cuestionaron la exclusión de la sociedad civil de las campañas de comunicación social del Minsal y consultaron por la disponibilidad de los publicitados test rápidos en toda la red pública de salud. En ambas oportunidades, las respuestas de los funcionarios técnicos del Ministerio de Salud y del propio Ministro de Salud Emilio Santelices, resultaron ambiguas e incompletas, dejando en evidencia la improvisación y estrategia errática de la campaña social del VIH/SIDA realizada por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile.
FIRMAN:
Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ACCIONGAY.
Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer.
Agrupación Vida + de Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital Sotero del Río, Luis Zambrano.
Fundación Salud, Vida y Acción Social SAVIA.
Agrupación Juntos por la Vida de Arica.
ARPEVIH, Agrupación de Personas Viviendo con VIH/SIDA de Antofagasta, Elaine Leyton.
PUKARA, Agrupación de Personas Viviendo con VIH/SIDA, Familiares, Cuidadores y Voluntarios de la IV Región, Coquimbo, Juan Carlos Sarmiento.
Línea VIH/SIDA de Concepción, Carlos Monsalve.
ONG Gente en Positivo de Puerto Montt, Víctor Campillay.
Plataforma Social en VIH/SIDA y los Derechos Humanos.
Rosa Trigo, activista VIH/SIDA y corresponsal ciudadana.
José Luis Díaz, psicólogo clínico y activista en VIH/SIDA
Víctor Hugo Robles, periodista y activista comunitario en VIH/SIDA
Fundación Avina
Santiago de Chile, 13 septiembre 2018
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