Llama la atención lo apresurado que ha llevado este proceso la organización que ha publicado, por ejemplo, los Indicadores de Universalidad de Internet (Principios ROAM) cuya construcción fue acompañada de un amplio proceso de participación abierta de múltiples partes interesadas. Una experiencia totalmente opuesta a la del documento “Por un internet confiable – Regular las Plataformas Digitales de Información como Buena Comunión” cuya conceptualización fue acompañada por un grupo de expertos sobre los que existe poca o ninguna información disponible.
El pasado mes de noviembre junto a un grupo de organizaciones de América Latina, tuvimos oportunidad de participar en una consulta sobre un documento inicial. Días después volvimos a sorprendernos, como diría el ex entrenador de la selección brasileña, Zagallo. Justo antes de las festividades de fin de año, con una versión -hasta ahora solo disponible en inglés y francés-. Esta nueva versión tiene algunas modificaciones y fue puesta a consulta pública, con fecha límite del 20 de enero.
UNESCO ha convocado una conferencia global que tendrá lugar del 21 al 23 de febrero en su sede en París y se ha anunciado que antes del evento se hará disponible una nueva versión del documento.
Consideramos que desde el inicio de este proceso han habido fallas importantes que dificultan la participación efectiva de la sociedad civil organizada, y que pueden ir en contra de los derechos humanos, especialmente en los países del sur global que son los más ávidos por contar con guías de esta naturaleza, provenientes de organismos internacionales para la toma de decisión sobre sus regulaciones internas.
¿Qué nos preocupa?
Además de la escasa apertura y transparencia del proceso ya denunciada, en nuestros comentarios realizados al documento compartido durante la consulta regional, realizamos críticas sobre lo que consideramos central en el documento.
¿Cuál es el propósito de la UNESCO en este proceso?, ¿cuál es la audiencia a la que habla el documento que se está discutiendo tan rápidamente?
En su versión pública, el borrador indica que su propósito sería la “orientación de alto nivel para los Estados miembros y otras partes interesadas relevantes que están considerando cómo regular el contenido en línea”. Sin embargo, a través de una lectura cuidadosa del documento, encontramos que todavía hay una oscilación entre establecer estándares y proporcionar guías, por lo que el objetivo continúa siendo dudoso.
Una deficiencia fundamental de la propuesta tiene que ver con la conceptualización de lo que se propone. Hay problemas de falta de definición de conceptos clave. Por ejemplo, sobre qué se entiende por información como bien público. A pesar de que el objetivo del documento es asegurar la información como bien público, al mismo tiempo que proteger la libertad de expresión, hay poca conexión con las referencias a experiencias previas de la propia UNESCO, por lo que no se ve claramente cómo el documento sirve para confirmar este concepto. Nos preocupa que este concepto se encuentre teñido de una visión aséptica del espacio informacional que es incompatible con el pluralismo y diversidad que son parte esencial de la libertad de expresión.
Por otra parte, no se define específicamente cuál sería el contenido potencialmente dañino para la democracia y los derechos humanos que la propuesta busca combatir, a pesar de reconocer la falta de consenso global sobre la definición de lo que constituye contenido potencialmente dañino.
Tal como se presenta, el documento promueve la censura previa por parte de las plataformas y es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Definir los conceptos es muy importante en la tarea de regular las plataformas.Sin embargo el más reciente borrador indica que esta conceptualización aún se está elaborando y se agregará en la próxima versión.
También se pierde la oportunidad de abordar problemas más sistémicos relacionados con el modelo de negocios basado en la explotación de datos personales de las grandes plataformas, sin atacar el problema de fondo, estrategia regulatoria que Shoshana’ Zuboff ha calificado como insuficiente pues “los daños sociales se aíslan y se tratan como crisis sin sentido”.
Las recomendaciones deben apuntar a las causas que producen determinados efectos sobre la moderación de contenidos, más que a dedicarse a esfuerzos de coordinación con otros campos regulatorios aduciendo la complejidad de esa tarea como hace actualmente la propuesta.
Volver a comenzar, con un proceso confiable
Organizaciones de la sociedad civil, como Article 19, y organizaciones de múltiples partes interesadas, como la Global Network Initiative (GNI) -de la que Derechos Digitales es miembro- han publicado posiciones que critican tanto el proceso como el contenido de la propuesta de la UNESCO. Reconocemos que no es posible aprobar ningún documento o declaración en la conferencia que comienza en unos días en París, debido a este proceso turbulento y a la falta de definición de lo que la UNESCO y sus países miembros quieren hacer con este proceso.
Desde Derechos Digitales recomendamos no apresurar el proceso, pues se necesita realizar una consulta significativa y con múltiples partes interesadas.
En lo sustancial, nuestra recomendación es que la propuesta se centre en donde su contribución podría ser más útil, conforme a estándares internacionales de derechos humanos y a las guías de implementación provistas por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas.
De este modo, que se centre en aspectos tales como: obligaciones de transparencia para las plataformas; procesos de reclamo expeditos y regidos por el principio de debido proceso en relación a decisiones de moderación de contenido; debida diligencia en la evaluación y mitigación de riesgos de las plataformas; mecanismos de reclamación, revisión y reparación en caso de decisiones erróneas, como se indica, por ejemplo por Al Sur en su investigación sobre la responsabilidad de intermediarios y sobre la moderación de contenidos desde una perspectiva latinoamericana.
Para lograr construir una internet confiable, se ha evidenciado, desde hace años, que los procesos de discusión, regulación y normalización también deben ser confiables, abiertos y transparentes, con un enfoque de múltiples partes interesadas y una participación significativa de la sociedad civil. La UNESCO tiene en sus manos todos los elementos para contribuir positivamente a este entorno, solo resta ponerlo en práctica de manera responsable, con un proceso transparente, con instancias adecuadas y el tiempo necesario de discusión.
☞ El artículo completo original de Michel Roberto de Souza lo puedes ver aquí
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