Cuando Volkswagen llegó a un acuerdo con consumidores estadounidenses por el escándalo del Dieselgate, pagó más de 9.500 millones de dólares. En Europa no había ninguna vía comparable para que los afectados reclamaran colectivamente. Eso impulsó la Directiva de Acciones Representativas de la UE, aprobada en 2020 y en vigor desde entonces.
El problema: la directiva permite las acciones colectivas, pero la mayoría de las grandes tecnológicas con sede europea operan desde Irlanda. Y en Irlanda sigue vigente una ley de 1634 que las hace prácticamente imposibles. Lo cuenta Ellen O’Regan para Politico el 26 de agosto de 2026.
Irlanda es el único país de la Unión Europea que prohíbe la financiación de un litigio por parte de alguien ajeno al caso. No hay una forma de matizarlo: si no eres parte del proceso, no puedes poner dinero. Esa norma tiene nombre: la figura de champerty, heredada del derecho inglés e incorporada a estatuto irlandés en 1634. Inglaterra abolió el delito en 1967. Irlanda, no. Son casi 60 años de divergencia que hoy tienen consecuencias directas para millones de ciudadanos europeos.
¿Cómo funciona la directiva europea y por qué choca con la ley irlandesa?
La Directiva de Acciones Representativas restringe quién puede presentar una demanda colectiva: solo entidades sin ánimo de lucro que cumplan los criterios de cualificación. Las ONG no tienen fondos propios para litigar contra Meta o Google. Necesitan financiación externa. Y eso es exactamente lo que Irlanda prohíbe. La ironía es total: la directiva dice que los consumidores tienen derecho a demandar colectivamente; Irlanda dice que nadie puede financiar la demanda.
El resultado es elocuente: cinco ONG registradas en Irlanda para presentar este tipo de acciones, tres con historial documentado contra grandes tecnológicas —el Irish Council for Civil Liberties, Noyb y Digital Rights Ireland—, y un único caso presentado en cinco años. El ICCL demandó a Microsoft por su sistema de publicidad programática, usando fondos propios de donaciones y filantropía.
Johnny Ryan, del ICCL, lo cuantifica: «Llevar un litigio complejo como este en Irlanda cuesta como mínimo un millón de euros en la primera instancia. No podemos presentar múltiples casos a menos que el Estado nos permita captar los fondos necesarios.»
Cuando Irlanda transpuso la directiva al derecho nacional, fijó en 25 euros la cuota máxima que un consumidor paga para unirse a una acción colectiva. La interpretación del Gobierno es que eso cumple el requisito de accesibilidad. Frente al millón de euros de coste de la demanda, esa cifra no cambia la ecuación.
El mapa de por qué esto no es un problema solo irlandés
Que Irlanda sea el nudo del problema tiene una explicación directa: Meta, Google, Microsoft, TikTok y Apple operan sus negocios europeos desde Dublín. Cuando la regulación de datos personales encontró a Google o a Meta incumpliendo el GDPR, que cumple ahora siete años y cuya vigencia en la era de la IA generativa es más necesaria que nunca, la autoridad que instruía el expediente era la irlandesa. Y cuando un consumidor quiere demandar colectivamente a una de esas empresas, tiene que empezar en Irlanda.
Los reguladores europeos pueden multar y lo hacen: la autoridad holandesa impuso este mes 825 millones de euros a Uber por suspensiones automatizadas de conductores. Ese dinero va al Estado, no a los afectados. La acción colectiva es el mecanismo que mueve la compensación hacia los consumidores. En la jurisdicción donde tienen sede todos los demandados, ese mecanismo está bloqueado.
El contraste con el sistema americano es llamativo. En nuestra experiencia siguiendo los procedimientos de la Comisión Europea, los expedientes de infracción contra jurisdicciones nacionales tardan años en resolverse — pero cuando se resuelven, las consecuencias son reales. Un streamer de Twitch demandó la semana pasada a Twitch y Amazon como acción colectiva individual, sin necesitar una ONG ni un régimen de financiación. Meta está en un juicio en Oakland ahora mismo donde cuatro estados reclaman penalizaciones que la propia empresa estima en 1,4 billones de dólares. Europa tiene los reguladores. Estados Unidos tiene los demandantes.
El problema no se limita a las plataformas digitales. En sectores como la vigilancia tecnológica, el fenómeno de empresas de cámaras de matrícula como Flock Safety y el backlash que generan en 36 estados por la ausencia de regulación federal ilustra cómo la fragmentación regulatoria no es exclusiva de Europa: es el patrón dominante cuando la tecnología avanza más rápido que los marcos jurídicos. Y la forma en que Alemania ha forzado a Apple a igualar sus avisos de privacidad entre apps propias y de terceros tras cuatro años de investigación de la Bundeskartellamt demuestra que hay voluntad en Europa para presionar eficazmente cuando existe el mecanismo legal adecuado.
¿Tiene Irlanda intención de cambiar algo?
La Comisión de Reforma Jurídica irlandesa publicará antes de final de año un informe sobre si las normas deben modificarse. El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, ya ha señalado que está «muy reticente» a permitir la financiación de litigios por terceros, citando el riesgo de «mercantilizar la justicia». La objeción no carece de fundamento: los críticos del sistema americano de litigation finance señalan exactamente esos excesos.
La Comisión Europea vigila. En respuesta a Politico, confirmó que está en «estrecho contacto con todos los Estados miembros, incluida Irlanda» y que evalúa cómo cada uno ha transpuesto la directiva. También recordó la obligación: donde se prohíba la financiación de litigios por terceros, hay que garantizar que los costes del proceso no constituyan un obstáculo para ejercer el derecho a la acción colectiva. Irlanda tiene un caso en cinco años. Es el número de partida para cualquier revisión.
El problema irlandés no requiere decisiones heroicas: requiere actualizar una ley del siglo XVII que ningún jurista defiende por sus méritos, solo por el precedente que establece moverla. Si la Comisión decide pasar de evaluar a actuar, tiene poderes de infracción. Esa es la amenaza real, y puede ser la única que funcione.
Llevamos cubriendo el litigio tecnológico europeo desde las primeras multas del GDPR, y hay un patrón que se repite: la regulación europea gana en papel y pierde en ejecución porque los mecanismos de enforcement son lentos y los incentivos de las jurisdicciones nacionales no siempre se alinean con el interés del consumidor europeo. Irlanda se ha beneficiado económicamente de ser el hogar regulatorio de las grandes tecnológicas durante dos décadas. Esa ventaja se sostiene mientras las empresas confíen en que la regulación será predecible y los riesgos legales, manejables. Si la Comisión presiona con procedimientos de infracción, el cálculo cambia. No de un día para otro, pero cambia. Y ese puede ser el único argumento que mueva una ley de 1634.
☞ El artículo completo original de Natalia Polo lo puedes ver aquí
No hay comentarios.:
Publicar un comentario