Sin la información suficiente, más de alguno seguramente razonará: "responsabilidad." ¿Suena bien, cierto? Porque lo contrario de ser responsables es ser irresponsables, y queremos que las empresas sean responsables, ¿qué puede tener de malo?
La hipotética "ley de la responsabilidad de los autobuseros"
Supongamos que en la República del Mangostán el partido de gobierno se ha dado cuenta de que una serie de males sociales son facilitados por los autobuses:- La gente va a veces en autobús a comprar drogas o productos ilícitos.
- La gente a veces transporta materiales peligrosos o prohibidos en el autobús.
- La gente en el autobús ocasionalmente lleva un arma o se apronta a cometer un delito.
- etc.
- Si el conductor lleva a alguien que va a comprar drogas, lo podemos acusar de facilitar el intercambio. Si compra un producto falsificado, lo podemos acusar de colaborar con el falsificador.
- Si el conductor lleva a alguien de vuelta de comprar drogas, lo podemos acusar de ser cómplice en el narcotráfico.
- Si alguien va armado dentro del autobús, podemos acusar al conductor de cómplice o encubridor si se comete algún delito.
- etc.
Los autobuseros son considerados responsables de lo que hagan sus pasajeros en el destino al que son transportados
Por lo tanto, la estrategia legal del gobierno será la siguiente. Se asumirá que los autobuses son responsables de lo que hagan sus pasajeros en el destino al que son transportados, recibiendo una sanción legal en caso de que los pasajeros cometan algún delito. Al mismo tiempo, podrán eximirse de tal sanción o disminuirla si hacen lo que el gobierno quiere.Si los dueños de autobuses cumplen con ciertas reglas, pueden reducir su "responsabilidad". Estas reglas son las siguientes:
- Se elaborará una lista de lugares a los cuales un autobús no puede transportar pasajeros. Esta lista inicialmente contendrá lugares donde se sabe que se venden drogas.
- La lista puede ser extendida a petición de terceros afectados por la venta de productos falsificados.
- Se instalará en cada autobús un scanner para detectar la presencia de armas y otras situaciones ilícitas por definir.
En el parlamento todos saben que la "mano dura contra la delincuencia" sirve para ganar votos, así que dejan al gobierno actuar libremente o presentan una oposición ridículamente pasiva.
El gobierno argumenta que ahora contarán con una poderosa arma contra el crimen, que todas las salvaguardas serán tomadas para que no hayan abusos del sistema, que el que nada hace nada teme, etc. En el parlamento todos saben que la "mano dura contra la delincuencia" sirve para ganar votos, así que dejan al gobierno actuar libremente o presentan una oposición ridículamente pasiva.Llegados a este punto, aparecen varias voces disidentes; los primeros son los mismos autobuseros, que en defensa de su propio negocio protestan por estas nuevas medidas. Reclaman que tendrán que pagar los costos de instalación de los sistemas de vigilancia, y que tendrán que pasar esos costos a los usuarios.
Pero más importante que ello, es que el personal de las líneas de autobuses no está capacitado para actuar como policía. Por lo tanto, pueden errar por falta de celo, o por exceso de celo, lo que puede tener consecuencias legales y pecuniarias impredecibles. Lo mismo argumentan con fuerza las asociaciones de defensa de los consumidores/viajeros:
- Si el personal de los autobuses no tiene la suficiente claridad legal, pecarán de exceso de celo, denegando el viaje o no deteniéndose en muchos más casos de lo razonable.
- Por lo mismo, tenderán a acatar cualquiera de los requerimientos de terceros de los que habla la ley, sin considerar si están en lo correcto o no.
- En consecuencia, la libertad de movimiento de las personas será arbitrariamente restringida.
- Además, la privacidad de las personas es violada, en cuanto no ser objeto de búsquedas sin una razón para ello.
- El sistema termina con la presunción de inocencia al asumir que cualquiera que viaja en autobús es un delincuente en potencia.
- Una vez que los scanners estén instalados, será fácil pedir al gobierno de turno, o para sucesivos gobiernos, que estos sean usados con otros fines.
- En la práctica, dado que los funcionarios que aplicarán estos procedimientos no son policías, para los verdaderos delincuentes será trivial engañarlos.
¿Cuál es la alternativa?
La alternativa a este tipo de medida es clara, y se basa en el hecho de que en los gobiernos democráticos, un proceso judicial es la mejor (y la única) manera de asegurar que se respeten los derechos y las libertades de las personas. En ese sentido, todo este asunto debería ajustarse a estos principios:- Los ciudadanos no pueden ser vigilados o su información interceptada sin que exista una orden judicial, obtenida tras convencer a un juez de que existe una sospecha fundada y de que los medios usados son legítimos.
- Toda petición de bloqueo de información o de una página debe ser el resultado de un proceso judicial.
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