Poderoso empresario en campaña contra la libertad de expresión en Twitter #FreeRod

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Entre 61 y 541 días de cárcel pide el representante de Andrónico Luksic (empresario chileno perteneciente a una de las familias con mayor fortuna del mundo) para el abogado chileno de 34 años Rodrigo Ferrari Prieto, acusándolo de suplantación de identidad. El caso comenzó en el 2011 cuando se presentó una demanda por tres cuentas de parodia en Twitter: @losluksic, @andronico_luksic y @luksic_andronico.
Aunque parezca increíble, Chile nombró a un fiscal para delitos de Alta Complejidad, que durante meses realizó gestiones a través de la Secretaría de Estado de EE. UU., que finalmente ordenó a Twitter entregar la dirección IP de quien supuestamente utilizaba estas cuentas. Con esa información, el fiscal solicitó al proveedor de Internet VTR que identificara a la persona a la que se había asignado esta dirección.

¿Quién protege la privacidad de los chilenos?

El fondo de la cuestión, es decir la supuesta suplantación de identidad, no tiene ninguna base. La cuenta tenía un fondo de billetes y el contenido era una serie de bromas que el empresario jamás haría sobre sí mismo. La suplantación de identidad, como explicó Cristián Arias, representante del imputado, tiene normalmente una motivación delictiva. Este sería el caso si Rodrigo hubiese querido hacerse pasar por Andrónico Luksic por afán de lucro, para robar o realizar una estafa, etc.
Sin embargo, la ayuda estadounidense fue obtenida alegando suplantación de identidad, porque esta figura está asociada a estafa en EE. UU. e incluída en el marco de colaboración policial internacional que tienen con Chile.
Por otra parte, lo que sí está claro es que ninguna de las acciones que realizó el fiscal para identificar la cuenta se realizó bajo una autorización judicial específica, lo que refleja lo poco que se protege en Chile el derecho a la privacidad de sus ciudadanos. "No hay conciencia de que una dirección IP y los datos asociados son información personal", comentó Cristian. La ONG Derechos Digitales (@derechosdigital), que ha participado activamente en este caso, indica llanamente que no ha existido un debido proceso en este caso:

Se vulnera el debido proceso al no contar con una orden judicial para obtener información de Twitter. También se vulnera este derecho cuando, con las direcciones IP en la mano, el fiscal requiere sin orden judicial la identificación del usuario al proveedor de internet.

Se suma a lo anterior que algunas voces han dicho que esto ocurre por la poca regulación que existe en Internet, lo que es completamente absurdo. La respuesta de Daniel Álvarez (@simenon) fue breve y contundente:

Internet está regulado por todas y cada una de las leyes vigentes en Chile y el mundo. Las amenazas, las injurias, los fraudes, suplantaciones de nombre y cualquier otro delito que se cometa a través de internet puede ser efectivamente sancionado por nuestro sistema judicial.
Para ello, más que modificar leyes, se requiere que los operadores del sistema (abogados, jueces, fiscales, defensores y las policías, entre otros) estén debidamente calificados y sean permanentemente capacitados acerca de cómo abordar estos conflictos que nada tienen de virtuales.

Las reglas de Twitter

Twitter permite la existencia de cuentas que parodien a celebridades o personajes famosos. De hecho, si uno sigue estas reglas Twitter garantiza que la cuenta seguirá abierta aunque el afectado les solicite suspenderla.
Las reglas para cuentas de parodia, comentario, y fans indican que tanto el nombre de usuario como el nombre personal y el perfil deben indicar claramente que se trata de una cuenta que no está asociada al personaje en cuestión. Por ejemplo, se puede escribir "[parodia]" en la bio, o usar el prefijo "Not" en el nombre, como @NotZuckerberg. Además, la cuenta en ningún momento se puede usar para comunicarse directamente con otros para hacerles creer que la cuenta es realmente controlada por el personaje que está siendo parodiado.
Obviamente, este juicio no es para decidir si Rodrigo cumplió o no cumplió con las reglas de Twitter, sino para saber si cometió un delito que merezca cárcel de acuerdo a la legislación chilena. Sus compañeros en el portal de música independiente Super45 han declarado que:

Esto es un precedente en cuanto a abuso en materia de persecución legal por el empleo de nuevas tecnologías. Es un precedente de limitación de la libertad de expresión y de la posibilidad de crítica, lo que nos parece grave en la era de las redes sociales. Tenemos a fiscales accediendo a información privada a través de Twitter y VTR sin la debida orden judicial, un sistema judicial haciendo avanzar una causa absurda solamente porque el afectado es una figura de relevancia nacional, en una disparidad de poderes que nos parece ridícula.

Por ahora Rodrigo está en libertad ya que el tribunal no dictó ninguna medida cautelar en su contra. Un veredicto en su contra, además de costos personales, podría significar un enorme retroceso para Chile en materia de libertad de expresión.

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